Esta sentencia del Tribunal Constitucional, de 7 de noviembre de 2011, reconoció por primera vez que los archivos informáticos contenidos en un ordenador personal se encuentran amparados por el artículo 18 de la Constitución Española en su conjunto, tanto en lo relativo a la protección de la intimidad personal como a la protección de datos de carácter personal. Supone, por ello, un hito en el establecimiento de los derechos que protegen a los usuarios de estos dispositivos. Continuar leyendo