Desde que a finales del siglo pasado hizo su aparición la Directiva 1999/93/CE, se ha ido paso a paso avanzando en el uso de la firma electrónica por parte de las personas tanto físicas como jurídicas en el ámbito de sus relaciones con las Administraciones Públicas, hasta hacerse una utilización generalizada, y en muchos casos obligatoria, de ella. Sin embargo, en lo que respecta a su uso por parte de los mismos sujetos, pero dentro de las relaciones jurídicas llevadas a cabo en el ámbito privado, parece incontestable que su utilización ha sido muy escasa, y ello a pesar de que la Ley 59/2003 ya posibilitaba el uso de la firma electrónica reconocida, o cualificada según la nueva terminología del Reglamento eIDAS aplicable a partir del próximo 1 de julio, en condiciones de equivalencia funcional con la firma manuscrita. Voy a tratar de apuntar algunas razones que veo para explicar este comportamiento. Continuar leyendo